Uno de nuestros lectores nos preguntó:
¿Uruguay es un país ganador o perdedor en la energía?
Para contestar esta pregunta, pedimos la ayuda de Johani Carolina Ponce, una experimentada periodista, editora y profesional en comunicaciones multiculturales y cuenta con más de 25 años de dedicación en su campo. Esta es su respuesta:
Uruguay es, sin duda, un país ganador en términos de energía y se ha convertido en un modelo a seguir a nivel mundial en la transición hacia energías renovables. Su éxito radica en la rápida transformación de su matriz energética, alcanzando que el 98% de su energía provenga de fuentes renovables. Este logro no es casual, sino el resultado de una serie de decisiones estratégicas, políticas de estado consistentes y la colaboración de múltiples sectores.
La revolución energética en Uruguay comenzó en 2008, impulsada por la necesidad de asegurar un suministro eléctrico fiable para una economía en crecimiento. Enfrentado a la crisis de apagones y el alto costo de la energía, el gobierno uruguayo designó al científico Ramón Méndez Galain como director nacional de energía. Méndez Galain elaboró un plan ambicioso y detallado para reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles, aprovechando los recursos naturales disponibles, especialmente el viento.
La estrategia de Uruguay se basó en una combinación de factores. Primero, la falta de suministro interno de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo obligó al país a buscar alternativas. Segundo, la abundancia de viento en un territorio mayoritariamente agrícola e inhabitado facilitó la implementación de parques eólicos. La decisión de cubrir estas tierras vacías con turbinas eólicas fue un paso decisivo hacia la independencia energética.
Uno de los aspectos más destacados de esta transición fue la creación de un marco de políticas públicas que garantizó la continuidad y la estabilidad del proyecto, independientemente de los cambios en el gobierno. En 2010, se alcanzó un acuerdo multipartidario que adoptó la transición energética como una política de estado.
El enfoque de financiación también fue innovador. Uruguay implementó un modelo de asociaciones público-privadas donde las empresas privadas eran responsables de la instalación y el mantenimiento de las turbinas eólicas, mientras que la empresa estatal UTE se encargaba de distribuir la energía. Este modelo permitió que los costos iniciales fueran asumidos por el sector privado, con la garantía de compra de la energía producida a tarifas preestablecidas por un período de 20 años. Esto brindó seguridad a los inversores y facilitó el rápido despliegue de la infraestructura necesaria.
El resultado de estas políticas y estrategias ha sido impresionante. Actualmente, Uruguay cuenta con más de 700 turbinas eólicas y ha reducido la proporción de electricidad generada a partir de combustibles fósiles a solo el 2%. Este cambio no solo ha mejorado la fiabilidad del suministro eléctrico, sino que también ha reducido significativamente los costos para los consumidores.
Antes de 2008 aproximadamente la mitad de la matriz energética de Uruguay provenía de combustibles fósiles importados, con un costo que a veces superaba el 2% del PIB. El petróleo representaba el 55% del suministro total de energía del país.
Además, la transición energética ha tenido un impacto positivo en el mercado laboral y la educación. Se han creado nuevas carreras y oportunidades de formación en energías renovables, lo que ha contribuido al desarrollo económico y a la generación de empleo en el país.